| (Buenos AIres).- Especialistas de ADECRA y CONFECLISA afirmaron que el aumento en las prestaciones sería del 33%, ya que dentro de la estructura de costos el mayor peso lo tienen los salarios del personal, que en febrero de 2012 alcanzan un nuevo aumento. Al mismo tiempo, en cuanto subsidios afirmaron que las clínicas y sanatorios deben ser consideradas dentro de las excepciones Desde CONFECLISA, a partir de un estudio elaborado con información suministrada por establecimientos del interior del país, el Dr. Gustavo Mammoni, la Lic Silvia D`Agostino y el Cdor. Enrique Cimino especificaron que en la estructura de costos de las instituciones del sector el mayor peso lo tienen los salarios del personal, que han sufrido un incremento que llegará al 33% respecto de Agosto (18% desde Agosto, 10% en Diciembre y 5,33 % en Febrero 2012), siendo el 28% remunerativo y su participación dentro del costo total es de más del 60% de la totalidad de los costos, por ser mano de obra intensiva. Otra de las características particulares del sector, que se enumeraron desde CONFECLISA es “la operación diaria con costos crecientes encontrando las causas en los aumentos de precios de los materiales e insumos médicos, las nuevas tecnologías y usos, entre otras, en búsqueda de una mejor calidad y seguridad en la atención médica”.“También tiene un peso importante en la estructura de costos de las empresas en salud, los impuestos (aproximadamente un 8%), que por características particulares son altamente distorsivos, por ejemplo: el IVA que debido a la imposibilidad de trasladarlo impacta directamente en el costo por valores que rondan el 5 % de la facturación según el caso”, especificaron. En consonancia, Lic. Jorge Colina, Asesor de ADECRA, explicó: “En instituciones con internación el 60% de los costos corresponde a recursos humanos, se incorpora personal en relación de dependencia (tanto médico como no médico) y los honorarios médicos, un 18% corresponde a insumos (medicamentos descartables, insumos para imágenes y laboratorio), un 14% se destina a insumos no médicos (gasto de alimentación, limpieza y mantenimiento y residuos patogénicos), y el resto de divide en los servicios públicos y otros gastos. Al mismo tiempo afirmó que “este año hubo costos extraordinarios como el incremento de las cargas sociales, antes los aumentos del convenio colectivo se hacían no remunerativos. Este año hubo que hacer remunerativos varias aumentos acumulados, también se firmó un nuevo convenio con AMAP”. En cuanto a la variación de los costos a lo largo del año, Colina coincidió en que “la suba más significativa se dio en el costo laboral, dando un golpe fuerte en la segunda mitad del año porque el sector firma el convenio colectivo en agosto y luego se escalonan los aumentos hasta llegar a diciembre y enero aproximadamente”. SUBSIDIOS“El Sector debe ser considerado dentro de las excepciones ya que no es formador de precios, resultándole imposible trasladar el incremento del costo que se generaría al quitar el subsidio”, afirmaron en forma contundente desde CONFECLISA. “En la actualidad sanatorial de prestadores de servicios de salud no es posible disminuir el consumo de energía eléctrica sensiblemente, ya que debido a la alta y continua demanda de los mismos y a las exigencias de las normativas nacionales y locales en lo referente a condiciones ambientales (por ejemplo, renovaciones de aire fresco y/o aire filtrado) y de confort, nos exigen que se utilice en forma permanente”, comentaron. “Si tomamos en cuenta el consumo promedio de electricidad de un establecimiento del interior del país, dentro de la categoría Grandes Demandas Tarifa 3, de producirse la quita de subsidio, incrementaría la tarifa un 68 %, magnitud que sumada a los otros factores mencionados, ponen en peligro el mantenimiento de la capacidad prestacional de muchos establecimientos, máxime, como es lógico, teniendo en cuenta que las normativas y disposiciones emanadas de la órbita de salud nacional o provincial, exigen mayores y mejores estándares de atención”, explicaron desde CONFECLISA, el Dr. Gustavo Mammoni, la Lic Silvia D`Agostino y el Cdor. Enrique Cimino. “Las instituciones consumen mucha más energía que gas, en este caso tienen convenios propios con las distribuidoras porque hay una necesidad de contar con el servicio 24 horas y con un sistema de emergencia. La mayoría de las clínicas como son pymes entonces hasta ahora no entraron en disminución de los subsidios. Si bien el panorama es variado, se observa que hay clínicas que tiene el 50% de la energía subsidiada mientras que hay otras que llegan el 33%. Cada clínica es un caso particular porque hace un convenio propio con la distribuidora, no es como en los casos residenciales donde todo el mundo tiene la misma tarifa, al ser compradores mayoristas hacen mejores convenios”, aclaró el Lic. Jorge Colina. En el caso hipotético de alcanzar a las instituciones, dijo que “todavía no hay un panorama planteado desde ADECRA. Hay que ver cómo sigue el 2012 en materia de disminución de subsidios. De acuerdo a la tendencia parece que el gobierno está dispuesto a reducir los subsidios, se está expectante en torno al esquema”. PARITARIASConsultado acerca del traslado de los aumentos de la paritaria a las obras sociales y prepagas, el asesor de ADECRA dijo que sólo se pudieron trasladar parcialmente, e indicó que “una de las debilidades que tiene el sector prestador médico es que sus clientes son los grandes financiadotes de la salud, entre ellos obras sociales, PAMI, medicina prepaga. Esos financiadores muchas veces tienen precios regulados entonces son renuentes a transferir aumentos de costos de la atención médica al precio de la misma. Son negociaciones arduas, en general hay un reconocimiento de los costos, pero terminan siendo parciales. No se trasladó todo el aumento, se hace en forma escalonada en un cronograma similar al que se fija para el aumento de salarios”. En referencia a la situación con PAMI, dijo: “La cápita está retrasada porque si bien se hicieron ajustes, éstos fueron esporádicos e insuficientes en términos del aumento de costos. Entonces los prestadores ahora están solicitando a PAMI un ajuste”. En tanto, desde CONFECLISA, analizaron: “Debido a los acuerdos suscriptos, no es posible modificar unilateralmente el valor de las prestaciones a facturar (valores cristalizados). Para las instituciones de salud, se requieren de aproximadamente entre 6 y 8 meses de plazo para que los financiadotes adapten y reconozcan esos valores de mercado, lo que genera problemas financieros graves”. “En la mayoría de las negociaciones con obras sociales y prepagas, no se llegan a los valores pretendidos por lo que año a año se va incrementando la brecha existente entre el aumento de costos de estructura y los valores asignados a las prestaciones. Se debe restablecer la paritaria de aranceles, en el marco de la Superintendencia de Servicios de Salud, medida que existió antes del uno a uno”, indicaron. En cuanto a la situación con PAMI comentaron que “hay dos modelos, uno capitado en sus tres Niveles y otro en pocas provincias donde el II Nivel de internación tiene un techo presupuestario que en realidad es un anticipo, pero el pago es por prestaciones y los aranceles se fueron aumentando arbitrariamente en un porcentaje sensiblemente menor al valor de la cápita”.Fuente: CDS |
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